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El principio del Estado social está consagrado en el Artículo 20 de la Ley Fundamental y no puede ser alterado ni siquiera por la vía de una reforma constitucional. Por tanto, la Constitución obliga al Estado a garantizar junto a la esfera de libertad del ciudadano las bases de su sustento, a cuyo efecto cada individuo debe asumir su parte de responsabilidad en el sistema de la seguridad social.
El Canciller Federal y los ministros federales componen el Gobierno Federal (Gabinete). El Canciller (Jefe de Gobierno) fija las líneas maestras de la política, en tanto que los ministros dirigen sus carteras independientemente y en consonancia con dichas directrices. En virtud del principio de colegialidad, en el seno del Gobierno Federal los asuntos litigiosos se resuelven por acuerdo de la mayoría. El Canciller dirige los asuntos de gobierno.
La Ley Fundamental somete al legislador y la administración al orden constitucional y sus normas y al resto del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales reconocidos en el Título I tienen eficacia directa. El Artículo 1 erige en bien supremo del orden constitucional el respeto de la dignidad humana: “La dignidad del ser humano es intangible.” La Constitución establece que Alemania es un Estado de Derecho, lo cual implica, junto al imperio de la ley, la separación de poderes, la vigencia de los derechos fundamentales y la legalidad de la administración, que todos los actos de los poderes públicos están sometidos al control judicial. También tiene rango constitucional el principio del Estado federal, en virtud del cual las competencias se distribuyen entre el Estado central y los Estados miembros. Por último, la Ley Fundamental define a Alemania como Estado social, principio del cual se deriva la exigencia de que los poderes públicos adopten previsiones para que los ciudadanos tengan garantizado un sustento digno en caso de desempleo, discapacidad o enfermedad y en la vejez. Una peculiaridad de la Ley Fundamental estriba en el denominado “carácter inmutable” o perpetuo de estos principios constitucionales esenciales. Los derechos fundamentales, la forma de gobierno democrático, el Estado federal y el Estado social no son susceptibles de desvirtuarse ni alterarse mediante ulteriores reformas o modificaciones constitucionales ni tampoco a través de una Constitución íntegramente nueva.
Prácticamente todos los habitantes del país están cubiertos por un seguro de enfermedad público (90%) o privado (10%). Las cajas de enfermedad costean los gastos de tratamiento médico, medicamentos, hospitalización y prevención. Las cotizaciones son pagadas por los empleadores y los trabajadores. Los familiares no activos de los afiliados al régimen del seguro público están exentos de las cotizaciones (seguro familiar).